La jueza de Ejecución Penal Ángela Zamorano Herrera decidió negar la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por considerar que no cumplió con todos los requisitos legales.
Aunque Duarte aseguró haber cumplido con el 95 % de su condena, ha estado privado de libertad más de ocho años, la magistrada determinó que uno de los criterios más importantes para la preliberación no fue satisfecho: no tener un proceso penal activo.
En particular, la jueza señaló que el exmandatario veracruzano aún enfrenta una acusación por desaparición forzada, lo que impide concederle la salida anticipada.
Además de este punto, la defensa no logró demostrar con pruebas suficientes que Duarte cumplió con un plan de actividades durante su reclusión, como lo exige la Ley de Ejecución Penal. Según la jueza, falta documentación sobre las tareas educativas, culturales o deportivas que habría realizado.
Por estos motivos, Duarte permanecerá confinado en el Reclusorio Norte, al menos hasta abril de 2026, cuando está previsto que concluya su condena de nueve años impuesta por delitos como asociación delictuosa y lavado de dinero.
Al salir de la audiencia, su abogado, Pablo Campuzano, informó que apelarán la resolución de la jueza. La defensa sostiene que Duarte no participó directamente en los hechos que se le atribuyen relacionados con la desaparición forzada y que por ello no debería contar como “proceso pendiente” en su contra.
Este caso vuelve a poner el foco en la corrupción política y el escándalo del desvío de recursos en Veracruz durante el mandato de Duarte, uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del PRI.
Las voces en medios y redes se han dividido: algunos celebran la decisión judicial como un acto de rendición de cuentas, mientras otros consideran que Duarte ya había cumplido con la mayoría de su sentencia.
La apelación que presentará su defensa podría prolongar aún más el proceso y mantener en debate público el legado de uno de los exgobernadores más cuestionados de México.
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