En una sesión que se prolongó más de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, con un monto global de 10.2 billones de pesos, y lo turnó al Ejecutivo para su publicación. El bloque oficialista, integrado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) logró con 355 votos a favor y 132 en contra avalar el dictamen.
El paquete contempla una reasignación por aproximadamente 17 788 millones de pesos, obtenidos mediante recortes a órganos autónomos como la Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Judicial de la Federación. La discusión se tornó álgida cuando la oposición cuestionó la baja asignación de recursos para seguridad pública, coincidiendo con el contexto de violencia reciente.
Detalles de los recortes y reasignaciones
Los ajustes más relevantes incluyen:
- El Poder Judicial enfrenta un recorte cercano a 15 mil millones de pesos.
- El INE verá disminuidos sus recursos en alrededor de 1 mil millones de pesos.
- A su vez, se aprobó el aumento salarial para los diputados: pasarán de recibir aproximadamente 1 193 millones de pesos anuales a 1 307 millones, incrementando también montos de aguinaldo y seguros de vida.
- Los fondos recortados fueron reasignados hacia sectores como educación, ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura y agricultura.
La aprobación del presupuesto se realizó contra el telón de fondo del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que impulsó críticas de la oposición por la aparente contradicción entre el discurso gubernamental sobre seguridad y la disminución de recursos en esa área.
Implicaciones políticas y criticismo
La aprobación del PEF 2026 profundiza la diferencia entre el gobierno y la oposición en materia de prioridades. Los aliados del Ejecutivo celebraron el paquete como una estrategia para consolidar programas sociales e infraestructura, mientras que la oposición lo calificó como un “presupuesto de simulación” que reduce el presupuesto para contrapesos institucionales y seguridad.
Usuarios y analistas advierten que los recortes a órganos autónomos podrían afectar la independencia y funcionamiento del Estado de derecho en México, mientras que el aumento salarial de los legisladores fue duramente criticado en un contexto de discursos sobre austeridad.
PeriodiCASO 