La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este 4 de noviembre la solicitud de las empresas TV Azteca y Grupo Elektra; ambas pertenecientes al empresario Ricardo Salinas Pliego, para posponer la resolución de siete juicios fiscales ante el planteamiento de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “ajuste” los montos de los adeudos.
Los juicios en cuestión provienen de acuerdos interpuestos entre 2008 y 2024 y, de acuerdo con la notificación de la SCJN, involucran créditos fiscales por 33 000 a 48 000 millones de pesos, incluyendo impuestos omitidos, multas, recargos y actualizaciones.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, determinó que no existe base legal para suspender el dictado de sentencia en amparos directos, ni para aplazar la resolución solo porque las empresas consideren que podrían negociar con Hacienda la reducción del adeudo. “No existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo”, señala el auto.
Antecedentes y motivaciones
Ambas empresas habían planteado que el SAT revise y ajuste sus créditos fiscales antes de que la Corte emita fallo, lo que implicaba detener el curso procedimental. Además, habían promovido recursos de impedimento para que ciertas ministras no participaran en la resolución de cinco de los casos. Dicha petición también fue desechada.
Grupo Salinas sostuvo que estaba dispuesto a pagar un monto menor a los reclamos oficiales; 7 600 millones de pesos, aunque las estimaciones gubernamentales ascendían a decenas de miles de millones.
Implicaciones
La decisión de la SCJN reafirma que los procesos fiscales no pueden dilatarse indefinidamente mediante trámites o solicitudes de negociación cuando se trata de juicios ya radicados en el tribunal. Esto marca un precedente relevante para grandes contribuyentes que enfrentan litigios con el SAT.
Para TV Azteca y Grupo Elektra, se abre ahora la ruta para que la Corte dicte sentencia sin más demoras, lo cual implica que deberán afrontar la resolución definitiva de su situación fiscal en los plazos legales establecidos.
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