Una turba enardecida vandalizó y prendió fuego las instalaciones del Ayuntamiento de Apatzingán, durante una protesta ciudadana motivada por los asesinatos recientes del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y del dirigente limonero de la región, Bernardo Bravo Manríquez. Los inconformes marcharon inicialmente por las calles de la cabecera municipal, exigiendo justicia y responsabilizando al gobierno local por el creciente control del crimen organizado en la región.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas del lunes, cuando los manifestantes, algunos vestidos de blanco y portando pancartas, acudieron al Palacio Municipal de Apatzingán. La manifestación se tornó violenta tras lanzar consignas contra la alcaldesa morenista Fanny Arreola Pichardo; cuya responsabilidad en la seguridad del municipio fue cuestionada, y provocar destrozos en puertas, ventanas y mobiliario. Posteriormente, los manifestantes iniciaron incendios en la planta baja del edificio.
Contexto de violencia y exigencia de justicia
La movilización se suma a la profunda crisis de seguridad que vive Michoacán, donde los homicidios de figuras clave como Manzo y Bravo, este último asesinado el 19 de octubre por presuntos miembros del Cártel de Los Blancos de Troy, desencadenaron indignación y protestas en varios municipios. Manzo, asesinado el sábado 1 de noviembre en pleno Festival de Velas en Uruapan, era conocido por su discurso frontal contra el crimen y había solicitado apoyo federal para contener el conflicto en su municipio.
La ausencia de una respuesta efectiva del gobierno y la sensación de impunidad llevaron a que los ciudadanos tomaran la calle. En Morelia también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, lo que evidencia la magnitud del descontento social.
Las autoridades locales y estatales no han logrado aún controlar la crisis. La Fiscalía de Michoacán confirmó que ya se integran carpetas de investigación por los asesinatos de Manzo y Bravo, y se identifican vínculos con células del crimen organizado. Sin embargo, la percepción de que la violencia avanza impune se ha vuelto insostenible.
El gobernador del estado y la Guardia Nacional han anunciado refuerzos en la región de la Tierra Caliente. Por su parte, familiares de las víctimas y colectivos ciudadanos demandan una intervención más amplia, que incluya la protección de líderes sociales y acciones contra las estructuras criminales.
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