A pesar de que una reciente resolución judicial parecía abrir la puerta a los servicios de transporte por aplicación en los aeropuertos del país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha reiterado que Uber y otras plataformas similares no cuentan con autorización legal para operar en zonas federales como las terminales aéreas.
El pasado 27 de octubre, Uber obtuvo una suspensión definitiva por parte del Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Esta medida impide que la Guardia Nacional detenga arbitrariamente a los conductores de la plataforma en más de 70 aeropuertos del país. La empresa celebró la decisión como un avance hacia la libre competencia y la modernización del transporte.
Sin embargo, la SICT fue enfática: la suspensión no equivale a una autorización para operar. En un comunicado oficial, la dependencia aclaró que la medida judicial únicamente obliga a que los operativos se realicen conforme a la ley, pero no otorga permisos ni modifica el marco legal vigente.
“Los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”.
Desde 2022, los conductores de Uber han enfrentado multas de hasta 56 mil pesos, remolque de vehículos y operativos sorpresa en los accesos a los aeropuertos. Estas acciones han sido justificadas por las autoridades bajo el argumento de que las plataformas digitales no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Aunque la suspensión judicial protege temporalmente a los conductores de sanciones arbitrarias, la falta de un marco regulatorio claro sigue siendo el principal obstáculo para la operación legal de Uber en zonas federales.
El conflicto entre los taxistas concesionados y los conductores de plataformas digitales ha escalado en los últimos años. En varios aeropuertos del país se han registrado bloqueos, enfrentamientos y protestas, con acusaciones cruzadas de competencia desleal y acoso.
Los taxistas argumentan que Uber evade regulaciones y costos que ellos sí deben cumplir, mientras que los conductores de la app denuncian hostigamiento y falta de opciones legales para trabajar en los aeropuertos.
Mientras el juicio de amparo sigue su curso, la situación permanece en un limbo legal. La suspensión representa un avance para Uber, pero no resuelve el fondo del conflicto. La SICT ha reiterado que sin autorización formal, no hay operación legal.
Por ahora, los pasajeros que deseen trasladarse desde o hacia los aeropuertos deberán seguir utilizando taxis concesionados, servicios turísticos o autobuses autorizados, los únicos medios de transporte reconocidos por la ley para operar en zonas federales.
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