La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión”, una iniciativa que modifica el Código Penal Federal para incluir este ilícito como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y endurece las sanciones aplicables en todo el país. El dictamen fue avalado con 456 votos a favor.
El dictamen, impulsado por el Ejecutivo federal, propone que la extorsión pueda ser investigada de oficio; es decir, sin necesidad de que exista una denuncia formal y contempla penas que van de 6 a 15 años de prisión como base, con posibilidad de incrementarse hasta 25 años cuando se configuren agravantes.
Además, se establecen 34 factores agravantes, entre los que se encuentran el llamado “cobro de piso”, la violencia ejercida, la comisión del delito en contra de migrantes o menores, o el uso de la extorsión por parte de sindicatos o agrupaciones simuladas.
Un marco normativo uniforme y nuevas facultades
La reforma persigue homologar el delito de extorsión a nivel federal, eliminando las diferencias de sanción que existían entre las entidades del país. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, señaló que “con una ley general para un solo tipo penal y una sola fuerza de persecución, se permitirá que el Estado actúe en un sólo frente”.
Entre las medidas operativas que contempla la ley figura la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias por Delitos de Extorsión; ligado al número 089 para denuncias anónimas, así como el bloqueo obligatorio de líneas telefónicas en centros penitenciarios, desde donde se envían una gran cantidad de llamadas de extorsión.
Críticas y desafíos por enfrentar
A pesar del respaldo generalizado, algunos partidos de la oposición; como el PAN y el PRI, advirtieron que la ley podría conllevar una reducción de penas en estados donde actualmente las sanciones mínimas eran mayores que las previstas en el proyecto aprobado. Por ejemplo, en entidades como Chihuahua o Guerrero, donde la pena mínima es de 7 años, existe el riesgo de que se cometan liberaciones.
Asimismo, se cuestionó la ausencia de presupuesto adicional y recursos tecnológicos suficientes para que las autoridades estatales y federales puedan implementar de forma efectiva esta ley. Algunos legisladores señalaron que más allá del texto legal, será primordial que haya cumplimiento operativo y acceso a la justicia para las víctimas.
Próximos pasos
El dictamen aprobado en lo general fue turnado al Senado de la República para su análisis en lo particular y eventual aprobación. Una vez ratificada por ambas cámaras, la ley entrará en vigor conforme a su calendario legislativo y se espera que marque un cambio en el combate a la extorsión, delito que ha crecido de forma sostenida y silenciosa en México.
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