El gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva tarifa de 1,000 dólares para los inmigrantes que accedan a permisos temporales (parole humanitario), dentro de las reformas inmigratorias aprobadas bajo la ley “One Big Beautiful Bill” (HR 1). La implementación del cobro apunta a restringir el acceso a vías legales migratorias para quienes no puedan costearlo.
Anteriormente, el permiso humanitario tenía una tarifa de 630 dólares; el nuevo monto representa un incremento del 59 %. Además, la reforma elimina muchas de las exenciones que permitían que personas de bajos recursos quedaran exentas del pago.
¿Qué contempla la nueva cuota y quiénes deben pagarla?
La nueva tarifa de 1,000 dólares se aplica a personas que, una vez aprobado su permiso de “parole” o “reparole”, deban pagar para que este entre en vigencia. Es decir, primero se autoriza el permiso y luego se exige el pago como condición para hacer efectiva la entrada o estadía temporal.
Aunque la política contempla algunas exenciones humanitarias; casos médicos urgentes, reunificación familiar o cooperación con autoridades, quedan sujetas a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
No obstante, la medida representa una barrera significativa para muchos solicitantes, especialmente quienes escapan de situaciones de violencia, pobreza o persecución y no cuentan con recursos suficientes para cubrir este costo adicional.
Antecedentes legales: la ley HR 1 y el contexto migratorio
El cambio forma parte de las reformas migratorias aprobadas por el congreso estadounidense dentro del paquete presupuestal One Big Beautiful Bill (HR 1), firmado por el presidente Trump el 4 de julio de 2025. Ese paquete incorpora incrementos de tarifas y nuevos gravámenes para solicitudes humanitarias, permisos de trabajo y visas.
Según las disposiciones de HR 1, la tarifa de 1,000 dólares para el permiso humanitario se considera un monto mínimo no eximible (non-waivable minimum). Es decir, los solicitantes no podrán argumentar su situación económica baja para evadir el pago.
Además, la medida viene acompañada de incrementos en otras tarifas migratorias: se elevaron también los costos para permisos de trabajo basados en asilo, para trámites de TPS (estatus de protección temporal), y se eliminan o restringen algunas exenciones y condonaciones que existían hasta ahora.
De hecho, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) anunció que las tarifas revisadas se aplican a solicitudes enviadas con fecha de matasellos (postmark) de 22 de julio de 2025 en adelante.
Reacciones y preocupaciones
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de migrantes han advertido que esta tarifa colocará un obstáculo insuperable para muchas personas que buscan protección humanitaria, pues les exige un monto elevado tras haber escapado de situaciones de vulnerabilidad.
También señalan que al declararse como monto mínimo obligatorio, se elimina la consideración de casados bajos recursos que no podían cubrir costos previos; esto limita gravemente el acceso al sistema legal migratorio.
Por su parte, las autoridades estadounidenses han justificado que el aumento responde a la necesidad de cubrir los costos administrativos del sistema migratorio y de reforzar las fronteras. La tarifa, argumentan, se alinea con la lógica de que quienes acceden a una autorización asuman parte del costo del proceso.
Implicaciones prácticas y desafíos futuros
- Muchas personas que esperaban una vía legal para permanecer en EE. UU. podrían desistir por no poder pagar 1,000 dólares.
- La demanda de asesoría legal para casos de “fee waiver” u exención será intensa, aunque muchas de estas rutas están eliminadas o restringidas.
- Podría generarse un aumento en intentos de cruces no autorizados ante la imposibilidad de usar vías legales asequibles.
- El sistema migratorio quedará más inclinado hacia quienes tienen recursos económicos, profundizando desigualdades.
- En los próximos meses, se prevén litigios judiciales para impugnar la constitucionalidad del cobro como barrera para el acceso a protección humanitaria.
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