La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Las modificaciones implican aumentos en cuotas por servicios públicos como museos, trámites migratorios, servicios sanitarios, marítimos y uso del dominio público. El dictamen será enviado al Senado para su revisión.
La aprobación se dio con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones. La Cámara de Hacienda defendió el dictamen señalando que busca hacer más eficiente la recaudación de derechos, actualizar tarifas para reflejar los costos reales de los servicios, modernizar trámites y armonizar la ley con reformas recientes.
¿Qué cambios aprobados contempla la reforma?
Entre los cambios más visibles para la población destacan:
- Museos y sitios arqueológicos: Las entradas en museos tendrán incrementos importantes. En la “zona 1” de museos, donde actualmente se pagaban 95 pesos, la cuota subiría a 209 pesos (un alza de 118 %).
- Trámites migratorios y derechos de publicación: Los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración (INS) para visitantes con permisos temporales o residentes permanentes también incrementarán sus costos.
- Nuevos o mayores cobros en otros sectores: El dictamen amplía los derechos relativos a supervisión de emisoras de valores, servicios aeronáuticos, sanitarios, marítimos, uso del dominio público sobre aguas, playas, descargas residuales, bienes de dominio público de la nación, entre otros.
- Objetivo recaudatorio: Se proyecta que estas nuevas cuotas y tarifas generen ingresos por 157,082 millones de pesos para el erario federal.
De acuerdo con la justificación de la Comisión de Hacienda, el propósito es que los servicios públicos cuenten con recursos suficientes para operar adecuadamente, y que las tarifas reflejen su costo real. También se menciona que el dictamen se trabajó durante cuatro semanas, con consultas entre los servidores públicos, actores del sector privado y la sociedad.
Los diputados de Morena defendieron la iniciativa argumentando que se trata de una política pública justa: cada peso recaudado tiene un destino social, y la actualización de derechos es necesaria para mantener la operación del Estado. Se subrayó que la Ley Federal de Derechos es un instrumento que permite financiar servicios públicos sin crear nuevos impuestos.
Por su parte, grupos de oposición y críticos alertan que los incrementos podrían impactar negativamente en el bolsillo de la ciudadanía, sobre todo en sectores vulnerables que usan museos o realizan trámites migratorios. También se advierte sobre el riesgo de sobrecargar derechos que antes eran accesibles.
Con la aprobación en lo general, el dictamen pasará al Senado de la República, donde deberán revisarse las reservas y posibles ajustes a los artículos específicos.
Solo después de que sea aprobado en lo particular en ambas cámaras podrá entrar en vigor, que se prevé a partir de 2026.
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