Con 70 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma significativa a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados para su segundo análisis.
El dictamen, que incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, introduce cambios en el interés legítimo, suspensiones, plazos procesales y el uso de medios digitales para tramitar amparos.
Cambios más relevantes y sus implicaciones
- Se redefine la figura de interés legítimo, limitando su ejercicio a casos donde la lesión jurídica sea concreta y diferenciada, lo que reduce la capacidad de organizaciones civiles para interponer amparos colectivos frente a megaproyectos o afectaciones al medio ambiente.
- Las suspensiones provisionales estarán sujetas a criterios más estrictos: deberán demostrar “apariencia del buen derecho” y ponderar el interés público frente al particular.
- Se fija como norma que los juicios de amparo puedan tramitarse en versión electrónica con plazos acotados: jueces tendrán 90 días para emitir la sentencia una vez concluida la audiencia constitucional.
- Una cláusula transitoria polémica dispone que los juicios en trámite se resolverán conforme a la nueva ley, aplicándose los nuevos lineamientos aunque el acto reclamado haya sido iniciado bajo el régimen anterior. Opositores advierten que esto puede vulnerar garantías constitucionales contra leyes retroactivas.
Posturas encontradas
El bloque oficialista sostiene que las reformas eliminan abusos procesales, agilizan la justicia y fortalecen la seguridad jurídica. El senador Javier Corral, en tribuna, defendió el documento, asegurando que se preserva el carácter garante del amparo.
En contraparte, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la reforma reduce los mecanismos de defensa ciudadana ante el poder y favorece a las autoridades al debilitar los contrapesos institucionales. Algunos acusaron que la llamada “reserva transitoria” es una medida de retroactividad disfrazada.
El gobierno considera que los ajustes llegaron tras audiencias públicas con especialistas y mecanismos de revisión técnica.
Riesgos y desafíos legales
- Más de 700 mil juicios de amparo vigentes podrían verse afectados por la nueva normativa, según estimaciones de la oposición.
- Se debate si la medida viola el principio constitucional de que las leyes no pueden tener efectos retroactivos en perjuicio de las personas.
- Organizaciones de derechos humanos han advertido que casos de desapariciones, megaproyectos ambientales y litigios sociales podrían perder cauce bajo la nueva figura de interés limitado.
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