El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión en régimen inicialmente cerrado por un tribunal del Supremo Tribunal Federal (STF), al hallarlo culpable de planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022. Se trata de la primera vez que un exmandatario en Brasil es sentenciado por delitos tan graves contra la democracia.
Acusaciones y delitos probados
Bolsonaro fue condenado por cinco delitos: intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, intento de abolir la democracia de forma violenta, daño a bienes públicos y al patrimonio cultural, y demora en salvar instituciones democráticas.
El voto decisivo del magistrado responsable del caso, Alexandre de Moraes, enfatizó que Bolsonaro instrumentalizó instituciones estatales para generar inestabilidad social con el objetivo de permanecer en el poder.
Aunque la mayoría de los jueces votaron a favor de la condena, un magistrado, Luiz Fux, se pronunció por la absolución, alegando falta de pruebas suficientes.
Consecuencias jurídicas y políticas
Aún no está definido cuándo Bolsonaro ingresará a prisión, ya que la sentencia debe publicarse formalmente, tras lo cual sus abogados podrán presentar apelaciones. Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario, medida dictada previamente durante el proceso judicial.
Además, la condena lo mantiene inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2030, de acuerdo con decisiones judiciales anteriores.
El fallo también afectó a ocho colaboradores cercanos, incluidos generales y exministros, quienes recibieron penas que van desde los 2 años (en régimen abierto) hasta los 26 años, de acuerdo con su grado de implicación.
La sentencia ha provocado polarización: partidarios de Bolsonaro se manifiestan denunciando persecución política, mientras que sectores de la oposición y defensores de la democracia celebran la decisión como un hito para Brasil. Por ejemplo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el fallo refuerza que “nadie está por encima de la Constitución”.
En el plano internacional, Estados Unidos emitió críticas ya que algunos funcionarios calificaron el proceso como políticamente motivado, y se especula sobre posibles sanciones relacionadas con este asunto.
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