En operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) logró la detención de al menos 14 personas implicadas en una red de contrabando y comercialización ilegal de combustibles, también conocida como huachicol fiscal, tras el aseguramiento en marzo pasado de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
Entre los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta, quien es sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Su ascenso vertiginoso en la Semar y los señalamientos de nepotismo y corrupción habían generado sospechas previas, algunas ya denunciadas por el propio Ojeda hace un par de años.
Estructura criminal y modus operandi
El decomiso se originó con el arribo del megabuque Challenge Procyon, que ingresó al puerto con documentación que declaraba aditivos para lubricantes, pero fue inspeccionado y se confirmó que transportaba diésel en cantidades millonarias. Ese hallazgo llevó a la policía federal a rastrear una compleja red de contrabando dirigida por funcionarios aduanales, empresarios y altos mandos de la Marina.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que la investigación incluyó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal, lo que permitió detectar movimientos financieros inusuales como retiros millonarios y adquisiciones de bienes que no correspondían con los ingresos legales de los implicados. También se realizaron cateos simultáneos en Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y la Ciudad de México.
Reacción institucional
En conferencia conjunta, las autoridades federales reafirmaron que este caso representa uno de los golpes más importantes contra el huachicol fiscal en la historia reciente de México, tanto por la magnitud del decomiso como por el rango jerárquico del oficial detenido. La Marina emitió un comunicado indicando que mantiene una política de “cero tolerancia a las malas prácticas” y que su personal está sujeto a escrutinio en caso de conducta ilegal.
Hasta el cierre de esta edición, seis marinos habían sido confirmados detenidos, junto con al menos tres empresarios y cinco funcionarios públicos, mientras continúan las operaciones para localizar al resto de los implicados, algunos de los cuales ya son considerados prófugos de la justicia.
Expertos en seguridad aduanera señalan que este caso evidencia cómo el huachicol fiscal ha evolucionado en México hacia una sofisticada forma de contrabando, que evade impuestos a gran escala mediante redes municipales, estatales y federales. El robo de combustibles disfrazados como aditivos o lubricantes representa pérdidas multimillonarias para el erario nacional y constituye una fuente clave de financiamiento de operativos criminales.
El decomiso de los 10 millones de litros de diésel, sumado a otros aseguramientos recientes en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, refuerza la estrategia actual del Gobierno federal para castigar la corrupción institucional y desmantelar las redes criminales que se benefician del mercado ilícito de hidrocarburos.
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