El gobierno estadounidense oficializó hoy la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, afectando a entre 200,000 y 250,000 personas que residían legalmente en el país bajo esta figura humanitaria. La decisión se toma a pesar de que las condiciones de inestabilidad política y económica en Venezuela persisten, lo que ha generado fuerte resistencia de organizaciones y comunidades migrantes.
El DHS explicó que Venezuela ya no cumple con los criterios necesarios para mantener el TPS y que extenderlo iría en contra del interés nacional, la seguridad y las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. El programa dejará de tener validez a partir del 10 de noviembre de 2025, en caso de no prosperar apelaciones legales.
Este anuncio sigue a una reciente decisión de una corte federal que había frenado temporalmente una revocación previa, aunque la Corte Suprema ya autorizó que el gobierno avance con la cancelación del TPS para unos 350,000 venezolanos, a pesar de que están pendientes apelaciones.
Impactos inmediatos y próximos pasos legales
La revocación del TPS genera un escenario de incertidumbre y riesgos legales para miles de familias venezolanas que han construido su vida en EE.UU., muchos de los cuales han aportado significativamente, más de 2,000 millones de dólares según estimaciones, a la economía del país.
La decisión también amenaza con afectar sectores como la construcción, limpieza, salud y servicios, donde la mano de obra venezolana juega un papel relevante. En Florida, donde reside casi la mitad de esta comunidad, el impacto podría ser especialmente grave.
Organizaciones como la National TPS Alliance y la ACLU ya presentaron demandas legales, argumentando que la terminación del estatus viola los derechos y generará daños irreparables. Un tribunal de apelaciones del IX Circuito reconoció esta postura y emitió una orden temporal que suspende la eliminación del TPS para determinados grupos de venezolanos, lo que da respiro judicial mientras continúan los procesos legales.
Mientras tanto, muchos beneficiarios del TPS se encuentran en una situación de limbo legal. Aunque algunos cuentan con permisos laborales válidos hasta octubre de 2026 por orden judicial, otros podrían enfrentar deportación inminente. El uso de leyes como la Alien Enemies Act de 1798 para justificar deportaciones de venezolanos, especialmente argumentando vínculos con el supuesto cártel Tren de Aragua, ha sido ampliamente criticado por activistas que advierten sobre estigmatización, abusos de poder y deportaciones sin juicio.
Este giro legal refleja una estrategia migratoria más dura y restrictiva por parte de la administración Trump, que revierte medidas de protección adquiridas y reduce caminos legales para migrantes en contextos de crisis. Las próximas semanas serán definitorias, con posibles apelaciones hasta la Corte Suprema que podrían cambiar el panorama jurídico y humanitario para cientos de miles de personas que ahora enfrentan un futuro incierto.
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