El coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Enrique Provencio Durazo, consideró como significativa y positiva la disminución de la pobreza reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Destacó que una menor proporción de mexicanos se encuentra por debajo del ingreso mínimo requerido para cubrir satisfactores esenciales y que hubo un avance relativo en la atención de carencias sociales como rezago educativo, acceso a salud, seguridad social, vivienda y nutrición.
De acuerdo con el economista, los análisis realizados entre 2023 y 2025 muestran que el principal factor detrás de esta mejoría fue el incremento del ingreso en los hogares, derivado principalmente de los salarios, así como de pensiones y jubilaciones contributivas del IMSS y el ISSSTE.
“Sin duda alguna el factor determinante de la reducción de la pobreza de los últimos cuatro años se originó en la decisión de duplicar el valor real de los salarios mínimos”, recalcó Provencio. Explicó que las reformas de 2016, que desligaron el incremento del salario mínimo de otros precios como multas y rentas, permitieron que a partir de 2017 comenzara una recuperación salarial, consolidada desde 2019.
Retos pendientes
Provencio advirtió que, para mantener este avance y evitar retrocesos, es necesario garantizar los derechos sociales y reorientar los presupuestos federales, estatales y municipales hacia bienes públicos como salud, educación, servicios de cuidado, agua y vivienda. Subrayó que no se trata de reducir programas sociales, sino de mantenerlos, especialmente aquellos con respaldo constitucional.
Asimismo, señaló la paradoja de que la pobreza puede disminuir drásticamente sin que ello implique mejoras en seguridad pública. Por ello, insistió en que se requiere no solo ampliar la cobertura de los servicios sociales, sino hacerlo con estándares de calidad, además de fomentar empleos formales con seguridad social, carencia que aún afecta a 48% de la población, es decir, a 63 millones de personas.
Pese a los avances, el especialista recordó que persisten altos niveles de incumplimiento de derechos sociales. En 2024, por ejemplo, 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a servicios de salud; 63 millones a seguridad social; y 18 millones a servicios básicos en vivienda.
“Todavía tenemos un camino complejo por recorrer para atender las carencias sociales, algunas de las cuales incluso son mayores a las de 2016, particularmente en educación y salud”, concluyó.
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