La Sección Instructora de la Cámara de Diputados resolvió desechar la solicitud de desafuero contra el legislador priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, argumentando la falta de pruebas suficientes para sustentar la acusación de enriquecimiento ilícito promovida por la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Con tres votos a favor del desechamiento y uno en contra, el órgano legislativo concluyó el proceso iniciado desde 2022 contra el también exgobernador de Campeche, quien había sido señalado por la posesión de bienes y recursos presuntamente incompatibles con sus ingresos como funcionario público. La resolución, tomada en sesión privada, fue dada a conocer este jueves y ha generado reacciones encontradas dentro y fuera del Congreso.
La diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, presidenta de la Sección Instructora, subrayó que la decisión se tomó conforme a un análisis jurídico exhaustivo, en el que no se halló evidencia suficiente que justificara retirar el fuero constitucional a Moreno. En un breve mensaje a medios, destacó que la carpeta enviada por la fiscalía estatal carecía de elementos probatorios contundentes y presentaba irregularidades procesales.
«En el análisis se revisó cada uno de los alegatos y documentos aportados. No se encontraron pruebas concluyentes que permitieran sostener la acusación de forma sólida», declaró Quiroz Gallegos. Asimismo, llamó a evitar que estos procedimientos se utilicen con fines políticos y reiteró que el fuero constitucional no equivale a impunidad.
La decisión generó un inmediato rechazo por parte de legisladores de Morena y del PT, quienes acusaron a la mayoría del PRI y PAN en la Sección Instructora de proteger a uno de los suyos. El diputado morenista Hamlet García Almaguer, único voto en contra, cuestionó la rapidez con la que se resolvió el dictamen y consideró que la Fiscalía de Campeche sí presentó indicios suficientes para abrir un juicio político.
«Esta resolución huele a pacto de impunidad. De nueva cuenta, el Congreso se convierte en escudo para evitar que un político poderoso rinda cuentas», expresó García Almaguer.
En contraste, el grupo parlamentario del PRI celebró la resolución y calificó la acusación como parte de una persecución política. En un comunicado, la bancada priista señaló que “se confirmó la legalidad y la honorabilidad del diputado Moreno, ante señalamientos infundados y motivados por diferencias políticas”.
Cabe recordar que la solicitud de desafuero fue presentada originalmente por la fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, y contenía una serie de denuncias sobre supuestas propiedades no declaradas y gastos personales de alto valor, que a juicio de la Fiscalía no se correspondían con los ingresos públicos del político tricolor. Durante el proceso, sin embargo, se señaló la falta de peritajes financieros completos y de pruebas documentales clave.
A pesar de la resolución de la Cámara de Diputados, la Fiscalía de Campeche mantiene abierta su investigación, aunque ahora sin la posibilidad de proceder penalmente mientras el legislador mantenga su fuero. No obstante, fuentes del Ministerio Público no descartan llevar el caso a instancias federales.
El caso Moreno Cárdenas vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso del fuero y la eficacia de los procesos de responsabilidad en el Congreso, especialmente cuando involucran a figuras con poder político y alianzas partidistas activas.
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