La seguridad privada en Puebla podría enfrentar una transformación significativa. El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó al Congreso del estado una iniciativa de reforma para que las empresas del sector estén obligadas, por ley, a capacitar a su personal operativo y someterlo a exámenes de control y confianza. El incumplimiento de esta disposición podría acarrear sanciones económicas de hasta 565 mil pesos.
La propuesta, actualmente en análisis dentro de comisiones legislativas, plantea modificar la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla con el objetivo de elevar los estándares del servicio y evitar actos de abuso, negligencia o colusión con grupos delictivos, prácticas que han sido documentadas en varios casos recientes en la entidad.
Según el Ejecutivo estatal, la falta de profesionalización y confiabilidad entre los elementos de seguridad privada ha mermado la confianza ciudadana. Por ello, la reforma establece que los elementos deberán recibir capacitación especializada a través de una universidad o dependencia gubernamental competente. Además, quienes porten armas tendrán que acreditar habilidades específicas como el manejo adecuado de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.
También se contempla la obligación de cumplir con evaluaciones periódicas de control de confianza, las cuales se aplicarían en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla o en las instituciones designadas por el gobierno.
Obligaciones y sanciones para empresas del sector
En caso de aprobarse la reforma, las empresas deberán:
-Informar mensualmente a la Dirección General de Seguridad Privada sobre la planilla laboral actualizada.
-Aplicar exámenes periódicos de confianza a su personal.
-Dar de baja a los elementos que no aprueben las evaluaciones y notificarlo en un plazo de tres días hábiles.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en multas que van de 500 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes actualmente a 56 mil 570 hasta 565 mil 700 pesos.
Por su parte, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del estado, señaló que la mayoría de las empresas en Puebla y su zona metropolitana no cumplen con los requisitos legales para operar. Ante esta situación, la SSP les otorgó un plazo para corregir las irregularidades, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían ser clausuradas.
“El que presta un servicio y cobra por él, debe alinearse a la norma”, subrayó el funcionario, quien también destacó que muchas plazas comerciales en el estado están “sobrevigiladas” por elementos privados, municipales y estatales.
El fortalecimiento del marco legal para las empresas de seguridad privada forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estatal para mejorar los esquemas de vigilancia en centros comerciales y espacios públicos.
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