Un tribunal federal otorgó un amparo liso y llano a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Policía Judicial de Puebla, con lo que quedó invalidada la sentencia que lo condenaba a siete años y seis meses de prisión por su presunta participación en la tortura cometida contra la periodista Lydia Cacho en 2005.
Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal, con sede en Cancún, Quintana Roo, determinó que no existen pruebas suficientes para acreditar que Sánchez Moreno haya ordenado o participado indirectamente en los actos de tortura. Según la resolución, no se destruyó el principio de presunción de inocencia ni se comprobó que el quejoso instruyera a otros a cometer el delito.
“No existe ninguna prueba que de manera fehaciente y contundente (…) acredite sin lugar a dudas que el ahora quejoso instruyó a otros llevar a cabo la tortura en agravio de la periodista”, concluyó el tribunal.
La resolución instruye al tribunal de apelación emitir una nueva sentencia en un plazo máximo de 24 horas, lo que revocaría la condena impuesta en enero de 2020, cuando un juez de distrito dictó sentencia contra el excomandante.
Lydia Cacho denunció haber sido detenida arbitrariamente y trasladada por tierra de Cancún a Puebla en 2005, tras la publicación del libro Los Demonios del Edén, donde documentó redes de explotación sexual infantil vinculadas con empresarios y funcionarios públicos.
En 2018, la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ejerció acción penal contra Sánchez Moreno, así como contra el exgobernador Mario Marín y el empresario José Kamel Nacif Borge, entre otros.
Preocupación por impunidad
Tras conocerse la resolución judicial, Lydia Cacho y la organización Artículo 19 expresaron su “profunda preocupación e indignación”, calificándola como un “grave retroceso en la lucha por la justicia, la verdad y la reparación integral del daño”.
Recordaron que esta no es la primera decisión del Tercer Tribunal Colegiado que favorece a los acusados en este caso. En julio de 2021, el mismo órgano judicial concedió un amparo a José Kamel Nacif, con lo cual quedó exento de responsabilidad penal, “bajo argumentos sesgados y carentes de perspectiva de derechos humanos”, afirmaron.
Ante esta nueva resolución, exigieron:
1. Una investigación imparcial sobre posibles actos de corrupción dentro del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún.
2. Avance urgente en los procesos penales contra Mario Marín y Hugo Adolfo Karam Beltrán.
3. Reformas estructurales al Poder Judicial para garantizar su independencia y evitar futuras decisiones que perpetúen la impunidad.
Tanto la periodista como Artículo 19 advirtieron que este caso ejemplifica los obstáculos que enfrentan las víctimas de tortura y violencia institucional para acceder a una justicia efectiva en México.
PeriodiCASO 