Renato Romero Camacho, defensor del agua en la Cuenca Libres–Oriental, fue detenido la mañana del 1 de julio en la capital poblana, poco antes de trasladarse al municipio de Nealtican, donde se realizaría un cabildo abierto sobre la administración comunitaria de pozos de agua. Su detención ocurrió en un contexto particularmente simbólico: asistiría como simpatizante de la causa, que al igual que en otras regiones del estado, enfrenta presiones ante el avance de proyectos industriales y extractivos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Romero, también opositor a la empresa Granjas Carroll, es acusado de “daño en propiedad ajena y despojo agravado”, presuntamente por haber participado con otras personas en la ruptura de una tubería de agua potable en el municipio de Xoxtla, donde la comunidad ha denunciado obras sin consenso.
Según el Registro Nacional de Detenciones, el arresto fue a las 7:25 horas. Su familia informó que fue interceptado cuando salía a comprar tortillas. Inicialmente lo ubicaron en el Complejo de Seguridad C5, pero más tarde se confirmó su traslado a la Agencia Estatal de Investigación.
Crítico de la ley de ciberasedio y defensor del agua
Dos semanas antes de su detención, Renato Romero participó en un foro donde criticó abiertamente la llamada Ley de Ciberasedio, impulsada en el Congreso de Puebla. La calificó como una “ley mordaza” que amenaza la libertad de expresión en redes sociales y pidió su abrogación. “Esperamos que haya abogados libres y democráticos que trabajen para echarla abajo”, expresó entonces.
Romero forma parte del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental y es uno de los nueve campesinos denunciados penalmente por Granjas Carroll. Ha estado presente en acciones comunitarias contra el despojo y la contaminación del agua en municipios como Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula.
Organizaciones exigen su liberación
El Nodo de Derechos Humanos (NODHO) y Técnicas Rudas exigieron su liberación inmediata y denunciaron lo que consideraron un patrón de criminalización contra defensores del territorio. En un comunicado, señalaron que “la detención de Renato no es una anomalía, es parte de un patrón. La FGE ha sido señalada por amedrentar a líderes comunitarios que luchan por el agua y el territorio”.
Ambas organizaciones destacaron que su detención ocurrió justo antes de un evento crucial para la comunidad de Nealtican, lo cual refuerza la sospecha de que el objetivo era inhibir la participación y la organización social.
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