Con 77 votos a favor y 30 en contra el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que propone expedir una nueva ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el proyecto contempla una reestructura profunda en el marco institucional, regulatorio y operativo del sector.
Javier Corral Jurado, senador de Morena, asegura que esta reforma marca un cambio de visión al dejar atrás el modelo que ha favorecido históricamente a grandes consorcios concesionarios para abrirle paso a un enfoque social que impulsa a medios sin fines de lucro, como los comunitarios, indígenas y afromexicanos, con mayor viabilidad financiera y regulatoria.
Por su parte el senador panista Ricardo Anaya cuestionó el dictamen y señaló que su publicación fue abrupta y sin la revisión adecuada, aunque reconoció que algunos errores señalados por su partido fueron corregidos y advirtió que persisten dos riesgos graves: el acceso a la geolocalización sin orden judicial y el aumento de causales para suspender transmisiones.
Cambios y nuevo marco regulador
Entre los cambios se contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva Secretaría de Estado la cual se encargará de regular, supervisar y formular las políticas públicas del sector, con el objetivo de simplificar procesos y fortalecer la coordinación institucional.
Además, se creará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano desconcentrado de la ATDT, la cual contará con independencia técnica y operativa encargada de dictar resoluciones regulatorias y estará integrado por cinco personas comisionadas.
El dictamen define nuevos mecanismos para la asignación y uso del espectro radioeléctrico, incluyendo esquemas de uso compartido, pruebas tecnológicas, redes inteligentes y plataformas de gran altitud, las concesiones de uso público y social serán otorgadas mediante asignación directa y estarán exentas del pago de contribuciones.
La ley busca reforzar los mecanismos de protección de las audiencias estableciendo que cada concesionario deberá contar con su defensor y buscará eliminar la posibilidad de bloquear plataformas, además de suprimir el esquema de propaganda extranjera permitiendo únicamente contenidos culturales, deportivos y turísticos.
De igual forma se integran medidas para asegurar el acceso son discriminación de personas con discapacidad y se promueven lineamientos editoriales que garanticen la independencia de los medios públicos.
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