La exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación, luego de que se le acusara de hostigar a testigos involucrados en el caso de dos periodistas que denunciaron tortura y detención arbitraria por parte de policías municipales durante una manifestación feminista el 8 de marzo de 2023.
Durante una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas este domingo 16 de junio, el juez de control Jorge Eduardo Ramírez Téllez determinó que existen elementos suficientes para procesar a la exfuncionaria por el delito de intimidación, aunque desestimó los cargos por falsificación de declaraciones y documentos.
Esta última decisión será impugnada por la parte denunciante, quien considera que hay evidencia sólida de su responsabilidad en la manipulación de pruebas.
Hostigamiento a testigos y represión institucional
De acuerdo con las investigaciones, Irene Olea habría ordenado o tolerado represalias contra trabajadores del ayuntamiento que testificaron en favor de las hermanas Natalie y Michelle Hoyos López, quienes fueron golpeadas y detenidas ilegalmente durante una protesta en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyen testimonios, documentos oficiales y registros de despidos injustificados a tres trabajadoras municipales.
Una de ellas, Socorro Barrera, fue asesinada en junio de 2024, un hecho que también permanece bajo investigación y que agrava el contexto de intimidación señalado por las víctimas.
Periodistas revictimizadas
En declaraciones posteriores a la audiencia, Michelle Hoyos denunció haber sido revictimizada por el juez, quien presuntamente la minimizó al referirse a ella como “la que se cree víctima del delito que no es”. A pesar de ello, celebró que se haya logrado avanzar en el proceso judicial contra la exalcaldesa.
«Esto no es una victoria de Irene. Ella mandó a falsificar y se pudo comprobar con más de 49 pruebas».
La defensa de las periodistas también lamentó que el Poder Judicial no haya considerado todas las acusaciones, pero sostuvo que la decisión representa un paso adelante en su búsqueda de justicia.
Medidas cautelares y próximos pasos
Aunque Irene Olea enfrentará proceso penal, continuará en libertad, bajo medidas cautelares que le prohíben acercarse a las víctimas y testigos, salir del estado o del país, y le obligan a firmar periódicamente ante la autoridad judicial.
La investigación complementaria se extenderá durante los próximos dos meses, tiempo en el cual las partes deberán aportar nuevas pruebas antes de la audiencia intermedia.
En paralelo, se prevé una audiencia adicional en julio para imputar a otros exfuncionarios municipales por su participación en la supuesta falsificación de documentos.
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