La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno de Donald Trump para revocar el denominado “Parole humanitario”, política que permitió el ingreso de 532.000 personas de forma legal a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden.
La política se sustenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que le brinda potestad al secretario de Seguridad Nacional el poder otorgar de manera discrecional el permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que, pese a no cumplir con los requisitos para obtener su visa, solicite ser admitido en Estados Unidos de forma transitoria por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.
El fallo suspende una orden prevista de un juez federal que le impide al gobierno poner fin a este programa, la nueva orden implica que los migrantes protegidos por el parole, corren el riesgo de ser deportados, movimiento que celebró la Casa Blanca. El programa permitía la residencia temporal a 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Las juezas Ketanji Brown Jackon y Sonia Sotomayor rechazaron el fallo debido a que podría traer consecuencias devastadoras, poniendo en peligro las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales se encuentran pendientes.
El gobierno encabezado por Joe Biden amplió el programa para venezolanos a finales de 2022 y para cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero de 2023, reduciendo significativamente las entradas ilegales. Los beneficiarios del programa debían contar con un patrocinador en Estados Unidos para poder ingresar, el cual se haría cargo financieramente, además se concedía la residencia temporal y un permiso de trabajo.
“Las personas en parole cuentan con patrocinadores aquí y, en muchos casos, se han integrado en barrios y comunidades estadounidenses con la esperanza de obtener eventualmente un estatus legal a largo plazo (por ejemplo, asilo). Nadie discute que se producirá un caos social y económico si tantos extranjeros en libertad condicional son puestos en prisión preventiva de forma repentina y sumariamente”, declaró Jackson.
Además, el Supremo constituido por mayoría conservadora de seis jueces, ya había autorizado el Gobierno a cancelar el programa de TPS (Estatus de Protección Temporal) de 350.000 venezolanos, que se encontraban de forma ilegal en el país. El TPS ofrecía residencia temporal a los migrantes que huyeran de países azotados por la violencia o desastres naturales.
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