Autoridades salvadoreñas detuvieron este domingo a Ruth Eleonora López, activista y abogada de 47 años, jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la organización no gubernamental Cristosal, en virtud de una orden de la Fiscalía que la acusa de “Peculado” cuando trabajaba para el tribunal electoral, hace más de una década.
La organización Cristosal promueve la defensa de los derechos humanos y es dura crítica de la gestión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, además asiste a las familias de los 252 migrantes venezolanos presos tras ser deportados por Estados Unidos, así como a las familias de inocentes detenidos en el marco de la guerra entre pandillas y el gobierno.
Las acusaciones de la Fiscalía General de El Salvador (FGR) afirman que, según las investigaciones y la información recabada a través de allanamientos realizados, se identificó la participación de López en los hechos que se le imputan, así como su colaboración en la sustracción de fondos de las arcas del Estado.
López fue detenida dos días después de que abogados de los migrantes venezolanos denunciaran que sus clientes son víctimas de torturas físicas y morales por parte del gobierno salvadoreño, la organización se ha pronunciado al respecto, alegando que la detención es una “desaparición forzada de corta duración”, ya que desde la detención de la activista no se sabe en donde se encuentra detenida y las autoridades no han permitido se reúna con su abogado.
Ruth López ha encabezado diversas investigaciones clave que exponen irregularidades del Gobierno de Bukele ante la comunidad internacional, ha denunciado el uso de fondos públicos para espiar con Pegasus (Sofware que permite acceso a dispositivos móviles) a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Además, reveló la corrupción en la entrega de contratos durante la pandemia de covid-19, fraudes en la Chivo Wallet; la billetera oficial de Bitcoin en el Salvador y ha documentado la opacidad en el presupuesto estatal, alertó sobre le impacto ambiental del CECOT y las violaciones de derechos humanos ligadas a megaproyectos.
La detención de López no es la única relacionada a activistas, la semana pasada fue detenido Alejandro Henríquez, miembro del foro del Agua, acusado de delitos de desórdenes públicos y resistencia, por haber apoyado una manifestación frente a la casa del mandatario, en la que un grupo de campesinos pedían no ser desalojados de sus tierras.
Por su parte, en febrero fue detenido Fidel Zavala, importante activista, quien había denunciado públicamente y ante instancias judiciales haber sido testigo de torturas dentro de las cárceles de Bukele, por lo que fue capturado y enviado a la prisión de la cual emitió la queja.
Como parte de las acciones gubernamentales, el presidente ha enviado una nueva “Ley de agentes extranjeros”, la cual busca asfixiar financieramente a las ONG, reteniéndoles el 30% de sus ingresos.
Posterior a la detención de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero hizo pública su renuncia a través de su cuenta de X mediante una carta con fecha del 15 de mayo. El papel de Guzmán en el gobierno de Bukele, fue muy importante, ya que era quien defendía públicamente las acusaciones que recibía el régimen respecto a las violaciones en materia de derechos humanos, con su salida el gobierno se queda sin un vocero que niegue estas acusaciones y que de la cara por el presidente
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