La elección judicial en México representa un cambio para la sociedad, las fallas en los comités de evaluación han dejado diversas candidaturas señaladas por el polémico pasado de sus aspirantes, una de las primeras que ha saldo a relucir es la candidatura de Silvia Delgado quien fuera parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.
La ahora candidata a jueza en materia penal en el Estado de Chihuahua ha expresado que la sentencia a Guzmán Loera fue una farsa atribuida a Donald Trump, violentando los derechos de su cliente. Delgado, no cuenta con experiencia previa en el Poder Judicial, además, considera que este antecedente con el narcotraficante como una virtud.
“Todos mis clientes son igual de importantes, no fue necesario resaltar ninguno, sin embargo, esto demuestra que tengo el carácter y el temple que se necesitan para juzgar”, se ha expresado a través de Facebook.
La organización civil Defensorxs ha sido la encargada de localizar aspirantes no aptos para ser magistrados o Jueces, al ser personas con pasados polémicos o con vínculos con el crimen organizado, tal es el caso de la candidatura a Juez de distrito en materia penal de Michoacán, Francisco Herrera Franco, exfiscal regional del Estado, quien ha sido señalado por su presunto vinculo con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán.
Las victimas fueron Roberto Toledo en enero de 2022 y Armando Linares, director del medio, tan solo dos meses después, ambos habían recibido amenazas en el ultimo año por investigaciones realizadas sobre la corrupción del fiscal. Herrera Franco apodado el “Fiscal del terror” cuenta con un largo historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presuntos pactos con grupos criminales.
Las acusaciones al fiscal se hicieron más notorias, después de la filtración de una grabación en la que se le escucha presuntamente colaborando con un líder del crimen organizado en el oriente del Estado, Edwin Rivera Padilla, conocido como “El Barbas”. Además, en un video difundido en Facebook se ve a un representante de las poblaciones mazahuas de la región acusarle de presionar a su comunidad para integrarse a uno de los cárteles que operan en la zona.
Defensorxs exige al INE y al Tribunal Electoral que revisen la candidatura, y piden a la Fiscalía federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraigan las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los dos periodistas.
Entre otros casos observados por la asociación, hay al menos dos que involucran delitos sexuales. Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado del circuito en materia penal en Jalisco fue destituido en 2015 como juez penal del Estado por una denuncia de abuso y acoso sexual presentada en 2013 por una trabajadora del poder judicial, a pesar de haberse llevado el procedimiento, no hay nada que le impida volver a ostentar un cargo similar, por lo que su candidatura sigue en pie.
Mismo caso el de Edgar Rodríguez Beiza, candidato a magistrado penal de Jalisco para el primer circuito, quien fue acusado en 2017 por una alumna del centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y en 2018 vinculado a proceso, pero en 2019 la victima le otorgó el perdón, con lo que se cerró la carpeta de investigación.
Un caso más es el de Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez federa en el distrito de Durango, quien estuvo preso en Estados Unidos durante cinco años y siete meses por los delitos de conspiración, importación y posesión de metanfetamina con fines de distribución, además de haber sido detenido en México por manejar en estado de ebriedad, por último solo cuenta con experiencia profesional de tres años en áreas no relacionadas con la función jurisdiccional.
Finalmente, la asociación ha presentado al menos una decena de hallazgos ya reportados con anterioridad, en donde ha registrado al menos cuatro candidatos vinculados a la iglesia evangélica de la Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil, además la candidatura del excoordinador de las prisiones de Sonora, Nicollino Cangiamilla quien cuenta con graves negligencias en su historial, o las candidaturas de abogados ligados a la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40” líder del cártel de los Zetas.
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