La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó 8 mil 653 cámaras de videovigilancia durante el primer bimestre de 2025, como parte de una ofensiva contra las redes de monitoreo clandestino instaladas por grupos delictivos en varias entidades del país.
De enero a febrero, los aseguramientos se concentraron principalmente en Guanajuato (5 mil 320 cámaras), seguido de Sinaloa (mil 27), Veracruz (538), Zacatecas (502) y Sonora (179), entre otros estados.
Además, la Guardia Nacional (GN) informó que del 1 de enero de 2020 a febrero de 2025 desactivó 275 videocámaras, sin detallar en qué estados fueron retiradas.
Crimen con control territorial
De acuerdo con Daniel Castillo Santander, maestro en seguridad y estrategia aplicada, este fenómeno puede explicarse a través de la teoría del “Estado de protección”, en la que los grupos criminales se comportan como una estructura de gobierno paralela: ofrecen protección, cobran cuotas e imponen control social.
“El caso de Guanajuato podría ser un ejemplo de esa teoría. No sólo crean una red de vigilancia para alertarse de las fuerzas de seguridad, también controlan la entrada de grupos rivales, observan quién sale de su casa, quién tiene un negocio, cuánto gana y cómo pueden extorsionarlo. Lo que se pone en juego es la gobernabilidad misma de la zona”, explicó en entrevista para el diario El Universal.
Por su parte, Alberto Hidalgo Montes, doctor en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal, señaló que esta estrategia es parte de una evolución natural de las células criminales.
Advirtió que el Estado ha reaccionado lentamente y sigue enfocado únicamente en responder a hechos violentos, sin considerar que el crimen organizado también desarrolla inteligencia y contrainteligencia. “Las autoridades deben igualar sus capacidades y anticiparse”, afirmó.
Halconeo con cámaras también ocurre en Puebla
A inicios de este mes, en el estado de Puebla, 21 cámaras de videovigilancia ilegales fueron retiradas en los municipios de Tehuacán y Ajalpan por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como dio a conocer el vicealmirante Francisco Sánchez González.
Asimismo, en febrero pasado se desmontaron otras 19 cámaras en la ciudad de Puebla durante un operativo similar. Se sabe que existen otros municipios con problemáticas similares, como Amozoc y San Martín Texmelucan, donde también se investiga la presencia de estos dispositivos.
Estas acciones reflejan que el uso de tecnología para espionaje por parte del crimen organizado no solo es una práctica común en zonas con alta conflictividad, sino que ya está presente en regiones como Puebla, donde las autoridades buscan frenar esta forma de control territorial.
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